Desde la Asociación SalHaketa Bizkaia queremos informar sobre lo ocurrido en el día de hoy, en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Bilbao, donde se ha visto el juicio por faltas de agresión por los hechos ocurridos en el CP de Basauri el pasado día 22 de junio. En este juicio de un lado comparecía como imputado por agresiones Juan Carlos S. M., acusado por dos funcionarios del citado Centro Penitenciario, y de otro comparecía también como imputado por otro delito de agresiones uno de los funcionarios que acusaban al preso. Juan Carlos se ha ratificado en lo dicho en su denuncia del pasado junio, que ya ratificó el pasado julio, y ha declarado cómo, tras intentar una protesta pacífica durante un concierto, cuando estaba retirándose del lugar en que se celebraba el acto sin resistencia ni oposición, fue tirado al suelo por cuatro funcionarios en dos ocasiones y en la segunda de ellas (ocurrida en el Módulo 1) fue arrojado al suelo por el funcionario denunciado, recibiendo los golpes que le ocasionaron lesiones por las que fue trasladado al Hospital de Basurto. Su denuncia se centraba concretamente en este funcionarios (un Jefe de Servicios) exculpando a los demás.
 

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La Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que agrupa a 41 organizaciones de todo el Estado, quiere hacer pública su satisfacción ante la ratificación por el Estado español del Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En virtud de este Protocolo, un mecanismo internacional de supervisión integrado por expertos independientes podrá visitar cualquier centro de privación de libertad del Estado español y hacer recomendaciones para la prevención de la tortura. Asimismo, también en virtud del Protocolo, el Estado creará uno o varios órganos de visita y prevención de la tortura.

La persistencia de la tortura en el Estado español queda manifiesta a través del informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT) presentado en mayo de 2005 (donde se indicaba que 800 personas denunciaron haber sido torturadas el año 2004, y se apunta va que entre los años 2001 y 2004, fueron imputados 227 miembros de las fuerzas de seguridad en delitos relacionados con la práctica de la tortura). En este sentido cabe observar que el informe referente al año 2005 se hará público en fechas próximas y en el que, a falta de su redacción definitiva, se incluyen otros tantos casos. Igualmente es necesario decir que otras muchos casos de torturas y malos tratos no fueron denunciados, y que en numerosas ocasiones los agresores se beneficiaron de la impunidad que envuelve la práctica de la tortura en el Estado español, entre otros por haber sido indultados tras ser condenados por Sentencia firme..

La entrada en vigor de este Protocolo debe convertirse en un importante mecanismo para conseguir erradicar la práctica de la tortura en el Estado español, paro ello es imprescindible que su puesta en funcionamiento, tanto del Protocolo como, sobre todo, de los mecanismos de prevención estatales y locales previstos en el mismo, sea real y no quede, una vez más, en declaraciones de buenas intenciones.

No puede ocurrir con este Protocolo lo mismo que con otros instrumentos internacionales contra la tortura ratificados por el Estado español. Recordamos que tras examinar la legislación española y los casos de tortura en el Estado, tanto el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, como el Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura han hecho recomendaciones específicas para una mejor aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. La mayor parte de estas recomendaciones han sido, hasta la fecha, ignoradas por parte de las autoridades competentes. Es hora de que el Estado español ponga en práctica dichas recomendaciones y se comprometa a dar seguimiento a las que, en el futuro, formularan los nuevos mecanismos de prevención de la tortura que establece este nuevo Protocolo.

La Coordinadora para la Prevención de la Tortura reitera su voluntad de permanecer vigilante para garantizar la transparencia de todo el proceso para su puesta en marcha y funcionamiento posterior, y se compromete ante la opinión pública a denunciar cualquier intento de desvirtuar los mecanismos de prevención de la tortura reclamados por la propia Coordinadora, así como por las instancias nacionales e internacionales antes citadas.

Por todo ello, y si existe una verdadera voluntad de erradicar la tortura, deben tomarse urgentemente una serie de medidas, y entre ellas de forma especial las siguientes recomendaciones, fruto del trabajo realizado en las Jornadas para la Prevención de la Tortura celebradas el mes de febrero de 2006 en Barcelona :

MÁLAGA.- Un juzgado de Málaga ha dictado prisión provisional para tres de los policías nacionales acusados de supuestas actividades "irregulares" con algunas mujeres inmigrantes internas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la ciudad. Se les acusa de agresión sexual, un delito contra la integridad moral y omisión del deber de impedir delitos.

Así lo ha decidido la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, Elena Sancho. Los encarcelados son dos policías de la plantilla del CIE y un agente de radiopatrulla.

Otros tres funcionarios, a los que se les imputan los cargos de omisión del deber de impedir delitos, quedaron en libertad provisional con obligación de comparecencia en el juzgado.

Mientras, para un cuarto, para el jefe del turno, a quien por antigüedad le correspondía ejercer ese puesto y que había quedado en libertad el viernes tras prestar declaración en la Comisaría, el fiscal y la acusación particular pidieron prisión provisional con fianza de 12.000 euros, aunque la jueza decretó, finalmente, libertad provisional.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado sanciones "muy duras" si se confirma que cometieron abusos sexuales contra algunas de las inmigrantes en el módulo de mujeres.

Rubalcaba afirmó que está en marcha una investigación judicial y que por el momento lo que se han adoptado "son medidas cautelares" y que no se puede hablar de resultados definitivos.

El abogado que ejerce la acusación particular y que representa a las seis internas -una brasileña, una marroquí y cuatro ucranianas- comentó que presentará un recurso de reforma contra el auto de libertad provisional para este último agente, sobre todo "por la alarma social que se ha producido y porque su no ingreso puede perjudicar a la instrucción de la causa y, además, existe el riesgo de fuga".

Una vez en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde llegaron a primera hora del domingo, se encuentran en el módulo de aislamiento dado su carácter de funcionarios, según confirmaron fuentes penitenciarias.

En primer lugar, la jueza empezó a tomar declaración sobre las 22.30 horas a las seis internas, todas ellas jóvenes, y, posteriormente, interrogó a cada uno de los funcionarios, terminando en torno a las 05.30 horas, expuso el letrado de la acusación particular. Por su parte, el secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Manuel Beaín, indicó que todos los funcionarios "niegan" las acusaciones que se les imputan.

Así, criticó que el criterio para ordenar el ingreso en prisión de estos tres agentes haya sido "sólo la declaración de algunas de las internas, que dijeron que habían tenido relaciones sexuales con ellos". "Es inaudito que se tome esa decisión teniendo en cuenta únicamente una declaración y sin ninguna prueba, sobre todo cuando esas personas, por decir algo así, pueden ganarse una residencia en España".

No obstante, el letrado de la acusación particular aseguró que la decisión de la jueza se ha fundamentado "en las declaraciones de las testigos protegidas, de los agentes y la aparición de tres fotografías tomadas por algunas internas en sus teléfonos móviles".

Beaín, quien anunció que a partir del lunes se presentarán recursos de reforma contra los autos de prisión, aseveró que los agentes "están alucinados porque no se creen lo que está ocurriendo".

En cuanto a la situación de las seis internas, que estaban pendientes de su expulsión, estos hechos les permitirán parar su procedimiento a la espera de que se resuelva el caso.

Las defensas de los tres policías encarcelados han informado de que recurrirán el auto de prisión.

Por su parte, estaba previsto que la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) solicitara el lunes a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias el traslado a la cárcel Sevilla II de los tres policías.

Se da la circunstancia de que la carcel de Sevillla II cuenta con un módulo para miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Investigación

En las inspecciones de seguridad que se realizan con carácter programado y habitual, se detectó que en uno de los turnos concretos de trabajo se llevarían a cabo estas presuntas actividades irregulares, como celebrar fiestas nocturnas con internas, que podrían haber llegado a tener relaciones sexuales con los funcionarios, según expusieron desde la Comisaría Provincial.

Esta situación motivó una "exhaustiva" investigación de la Comisaría Provincial de Málaga, en la que fueron interrogados y puestos a disposición judicial los funcionarios de Policía -según apuntaron en un comunicado, siete-, diligencia que se materializó en la mañana del sábado. Paralelamente, y en coordinación con lo que decida la autoridad judicial competente, la Dirección General de la Policía (DGP) ha iniciado las correspondientes acciones en el ámbito disciplinario, relevando a los policías de sus puestos. Asimismo, explicaron que se decidió el cese del jefe de seguridad de esa unidad policial.

Por su parte, ONGs como Málaga Acoge o la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes anunciaron ya, tras conocerse los hechos, que se personarán como acusación popular en este caso. Asimismo, solicitaron a la Subdelegación del Gobierno información de las presuntas víctimas para poder darles asistencia jurídica gratuita.

En el conocido como 'Centro de Capuchinos', que depende de la Dirección General de la Policía, se encuentran hombres y mujeres inmigrantes en situación irregular que quedan retenidos a la espera de ser expulsados a sus países de origen. En el caso de no poder ser repatriados, quedan en libertad.

 Hay va una muestra de las fotos de las jornadas!

La incidencia de la hepatitis C supera el 29% de los presos

EL PAÍS - 13-04-2006

El 12,83% de la población de las cuatro grandes cárceles valencianas está infectado de sida -706 internos-, según el sindicato Acaip. La incidencia del virus de la hepatitis C afecta a más del doble de internos, 1.459 presos. Los datos, facilitados ayer por el sindicato de prisiones, reflejan una incidencia importante de dos de las nueve enfermedades que son de declaración obligatoria en los establecimientos penitenciarios.

El sindicato de prisiones Acaip, citando fuentes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, emitió ayer un comunicado con algunos de los datos sobre la situación sanitaria de la población interna en las cuatro grandes prisiones de la Comunidad Valenciana: Picassent, Alicante Cumplimiento, Alicante II Villena, y Castellón. Según esos datos, a 1 de septiembre pasado, 706 internos estaban infectados de sida, lo que se traduce en una media del 12,83% de los internos. Por prisiones, la incidencia se concretaba en 357 reclusos de Picassent (el 15,24% de la población total del centro); en 71 en Alicante Cumplimiento (el 7,91% del total de internos); en 210 en Alicante II Villena (el 16,77% de los reclusos); y en 68 en Castellón (un 11,43% de los presos).

Esa incidencia se dobla cuando se analizan los positivos al virus de la hepatitis C. A fecha 1 de septiembre pasado, y con según la misma referencia citada por Acaip, eran 1.459 los internos afectados de hepatitis C (658 en Picassent, 213 en Alicante-Cumplimiento, 390 en Alicante II Villena, y 208 en Castellón). Eso suponía hace seis meses que el 29,4% de la población interna tiene anticuerpos de la hepatitis C.

Otros dos datos sirven a Acaip para calificar de preocupante la situación sanitaria de la población reclusa de las cuatro grandes cárceles valencianas: los casos de enfermedades de declaración obligatoria detectadas y el número de internos que reciben tratamiento de metadona.

Entre 2003 y 2005, las prisiones valencianas declararon 201 casos de gripe, tres de hepatitis B, dos de hepatitis C (que significa que son nuevos respecto de los ya existentes), cuatro de legionelosis, 14 de sífilis, 30 de tuberculosis, seis de varicela y 44 de sarna, además de los positivos al sida.

En el caso de la metadona, el sindicato penitenciario asegura que 670 internos estaban sometidos a ese tratamiento a fecha 1 de septiembre de 2005, algo más del 12% de la población interna. Acaip, con esas cifras, concluye que "un porcentaje muy importante de los internos condenados por delitos relacionados con el tráfico de drogas son consumidores de ellas par vía intravenosa y por tanto de alto riesgo para contraer y transmitir enfermedades infecciosas asociadas a esas prácticas". Acaip entiende que el riesgo es más elevado aún porque no existen condiciones sanitarias absolutamente idóneas en todas las cárceles y porque tampoco hay ni personal ni material para atender las necesidades de esa población.

L D (Europa Press) Para un cuarto policía, el jefe del turno, a quien por antigüedad le correspondía ejercer ese puesto y que había quedado en libertad el viernes tras prestar declaración en la Comisaría, el fiscal y la acusación particular pidieron prisión provisional con fianza de 12.000 euros, aunque la jueza decretó, finalmente, libertad provisional, según informaron fuentes judiciales.

Por su parte, ONGs como Málaga Acoge o la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes anunciaron ya, tras conocerse los hechos, que se personarán como acusación popular en este caso. Asimismo, solicitaron a la Subdelegación del Gobierno información  de las presuntas víctimas para poder darles asistencia jurídica gratuita. En el conocido como 'Centro de Capuchinos', que depende de la Dirección General de la Policía, se encuentran hombres y mujeres inmigrantes en situación irregular que quedan retenidos a la espera de ser expulsados a sus países de origen. En el caso de no poder ser repatriados, quedan en libertad.